La Comisión Especial Integral de la Cámara de Diputados recomendó a la Fiscalía General del Estado ampliar la investigación por el posible delito de asociación delictuosa contra otras personas que hubieran tenido participación material, funcional o por omisión en el “caso maletas”.
El informe, al que accedió La Razón, plantea que la pesquisa alcance a funcionarios de distintas instituciones y sugiere investigar “desde las máximas autoridades ejecutivas de la Aduana Nacional, DGAC, FELCN y NAABOL”, con el objetivo de establecer si existieron responsabilidades por acción u omisión.
La comisión pide que los fiscales utilicen como elementos de análisis las declaraciones testificales, imágenes de videovigilancia, planillas de turno, memorándums institucionales y otros documentos que permitan determinar la participación de los involucrados.
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La recomendación surge de las irregularidades detectadas en torno al ingreso, control y traslado de 31 maletas que llegaron al aeropuerto internacional Viru Viru en noviembre de 2025 y que fueron registradas como equipaje rezagado por la exdiputada de Creemos Laura Rojas.
Otro de los puntos observados por la comisión corresponde a la documentación de la aeronave chárter que trasladó el equipaje. El informe pide esclarecer una diferencia entre el operador autorizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el registrado en la documentación presentada al momento del arribo.
La autorización de ingreso y salida DGAC/ING/509/2025 registra a Southern Cross Aircraft LLC como operador autorizado. Sin embargo, la “Declaración General” identifica a Proflite LLC como operador de la aeronave cuando esta llegó al país.
Ante esa contradicción, la comisión recomienda “ampliar la investigación contra personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC desde su máxima autoridad” que ejercía funciones en noviembre de 2025, para establecer “el motivo o razones por las cuales no se observó oportunamente las inconsistencias señaladas”.
El informe también plantea “evaluar iniciar un nuevo caso de asociación delictuosa entre todas las instituciones públicas y privadas involucradas”.
La comisión considera que la investigación debe determinar si las irregularidades fueron resultado de actuaciones individuales o si existió participación coordinada de funcionarios y particulares.
El apartado de recomendaciones a la Fiscalía aclara que las nuevas pesquisas deben sustentarse en los elementos probatorios reunidos y en las declaraciones de las personas que participaron en las distintas etapas del traslado, recepción y control del equipaje.
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